1. Cambio en el escenario político
De una dimensión política que sólo se había dado durante la votación de la ley antidespidos –luego vetada por Macri– y del triunfo de la Emergencia Social (ver nota en páginas centrales), el acuerdo opositor por Ganancias terminó de cambiar el escenario político en el Congreso de la Nación.
De acuerdo con el texto acordado y aprobado por la oposición por 140 votos a favor, 86 en contra y 7 abstenciones, el mínimo no imponible –el umbral a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto– aumentará casi un 50 por ciento: para los empleados solteros pasaría de los actuales $18.800 de bolsillo a $27.700; para los padres de dos hijos, de $25.000 a $36.300. Para financiar los cambios, se propone crear nuevos impuestos, al juego y a la renta financiera, y reponer las retenciones a la minería, eliminadas por el presidente a principios de año.
Recordemos que siendo candidato Mauricio Macri, al igual que otros candidatos, había prometido eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Pero una vez en el gobierno, otorgó de inmediato los reclamos de los sectores exportadores y financieros del capitalismo imperialista, recurriendo a un mayor endeudamiento del país. Con la devaluación del peso y la inflación benefició a esos sectores, desvalorizando los ingresos de los trabajadores y los pequeños y medianos productores nacionales, y mantuvo sobre ellos el robo impositivo, como el impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Pese a todos los anuncios Macri nunca presentó su proyecto de reformas en Ganancias y rechazó todos los reclamos del movimiento obrero. El Frente Renovador lo primereó, obligándolo a mostrar sus cartas: un miserable aumento del 15% al mínimo no imponible, cuando la inflación en el año ronda el 40%.
El gobierno se sigue resistiendo a ver que cambió la realidad y que perdió iniciativa política. Esto ya se vio el 18 de noviembre, con la marcha de organizaciones sociales y la CGT al Congreso para reclamar la ley de emergencia social. Esto lo obligó a renegociar dicho proyecto de ley y a convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento junto a la modificación del impuesto a las ganancias. Macri calculó que la amenaza de desfinanciamiento a las provincias y las contradicciones de la oposición iban a bloquear la discusión de Ganancias hasta el año que viene. Así se negó a negociar con los partidos de la oposición, con lo que “la vaca le salió toro”, como dicen los españoles, y esos partidos se unificaron para imponer un proyecto alternativo que, si bien no elimina este impuesto al trabajo como debería ser, limita sus alcances.
2. Los alcances del proyecto opositor
La conferencia de prensa en la que se anunció el texto de unidad incluyó al Frente Renovador (FR), el Frente para la Victoria (FPV), el Bloque Justicialista (BJ), el Frente Amplio Progresista (FAP), el Movimiento Evita y Proyecto Sur. Una postal inusual y preocupante para el oficialismo. Si el proyecto opositor llegara a convertirse en ley (esta semana se trata en el Senado), un millón de trabajadores dejarían de pagar el impuesto. Esto es la mitad de los alcanzados por el tributo, que son hoy un 20% de los empleados registrados. A eso hay que agregar a los jubilados, que, según lo aprobado en Diputados, sólo pagarán a partir de los $ 60.000 brutos.
Además de modificar el piso, la oposición propone que estén exentos del impuesto, con excepción de las escalas más altas, los viáticos, el aguinaldo y los bonos por productividad. Se podrán descontar también los alquileres de vivienda única, con un límite de hasta $66.000 por año, los créditos hipotecarios; y se aumenta en un 45% la deducción por zona desfavorable para los trabajadores de la Patagonia, incluida La Pampa.
El “costo fiscal” de esta reforma es de unos $65.000 millones, unos $32.000 millones más que el dictamen del oficialismo. Para cubrirlo se propone reponer las retenciones del 5% a la minería, crear un impuesto del 10% a las máquinas tragamonedas, otro del 7,5% a las apuestas online, gravar los plazos fijos mayores a $1.500.000, las ganancias de las Lebac, la remisión de dividendos al exterior y el reparto de dividendos. También se crea un impuesto extraordinario al dólar futuro.
Otros cambios importantes son que los nuevos jueces comiencen a pagar ganancias, no así los trabajadores del Poder Judicial. Se establece un índice de actualización automática del mínimo no imponible, de acuerdo con la variación salarial.
3. La mentira del desfinanciamiento
Durante la semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había buscado instalar que Sergio Massa se había adherido al kirchnerismo. El propio Macri colocó al jefe del FR como el ideólogo del acuerdo entre todos los sectores del peronismo en Diputados. El ministro Juan José Aranguren se asumió como vocero del chantaje de los monopolios imperialistas en la minería diciendo que la reinstalación del 5% del impuesto a las exportaciones del sector afectaría las inversiones, los ingresos de divisas y generaría despidos.
El gobierno quiere atribuir el desfinanciamiento del Estado a este acuerdo de los sectores políticos opositores, para justificar el veto a esta modificación del impuesto a las ganancias. Esto es falso.
A este Estado le falta “financiamiento” porque no le pone impuestos a los monopolios y terratenientes en que se sustenta la estructura latifundista y dependiente del imperialismo. Esta situación se refuerza con el mayor endeudamiento con el capital financiero imperialista en desmedro de las inversiones productivas. La recesión heredada del gobierno de Cristina, se agravó con la política de Macri: las subas de costos provocadas por la unificación cambiaria y las tarifas energéticas y la política monetaria que favorece la especulación en desmedro de la producción, se hicieron sentir con más fuerza en muchos sectores agravando de conjunto la situación recesiva. Así, debido a la mayor inflación y recesión que produjo el gobierno con esas medidas, la inversión bruta (en producción, inmuebles, etc.) habría caído en 2016 entre 7 y 8% con respecto a 2015.
4. Menos salarios, menos consumo
Según la consultora Ecolatina “A septiembre, los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado cayeron casi 6% interanual”. Esto es peor para los trabajadores informales. A esto se suma que han aumentado enormemente las suspensiones y los despidos, entre los asalariados privados formales y también entre los informales.
La caída del consumo continuó en noviembre: los supermercados y almacenes vendieron un 5,9% menos en promedio y subieron sus precios un 33,1% en el año. Lo que más cayó es el consumo de productos perecederos y congelados (–9,5%) y los de limpieza de la ropa y del hogar, con mermas que alcanzaron el 10%. En el año, la caída del consumo lleva promediado 4,5%.
Si el daño provocado por la política macrista de descargar la herencia kirchnerista sobre los trabajadores y la producción nacional en beneficio de los grandes terratenientes y las cerealeras, las mineras y los bancos imperialistas no ha sido mayor, es porque desde el inicio de su gestión la clase obrera y el pueblo enfrentaron esa política.
En noviembre esto se expresó en las marchas del 4, de las economías regionales, y la del 18 de noviembre frente al Congreso. Diciembre arranca con grandes luchas: para garantizar el tratamiento en el Senado la ley de Emergencia Social, y su reglamentación y promulgación antes de fin de año. Luchas contra el impuesto a las ganancias que pretende el macrismo, y para pararle la mano al ajuste del gobierno, en la pelea por una Navidad sin hambre y con trabajo. El lunes 19 de diciembre conmemoraremos en las calles el 15 aniversario del Argentinazo de 2001.
Por este camino tenemos que engrandecer en la lucha el PCR y la JCR, y apurar el paso para fortalecer y ampliar el PTP y el Frente Popular en todo el país, para darle a los sectores patrióticos y democráticos que vienen peleando juntos en las calles, un instrumento político electoral para golpear la política macrista también en las urnas, y abrir el cauce de la revolución de liberación nacional y social que el pueblo y la patria necesitan.
Escribe Eugenio Gastiazoro
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